El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó este lunes auto de apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó más de 80 heridos.
La decisión del magistrado establece que ambos deberán enfrentar un juicio de fondo bajo la acusación de homicidio involuntario o culposo, al considerar que existen elementos suficientes para que los hechos sean debatidos en la etapa de juicio.
Durante la audiencia, el juez analizó la conducta atribuida a los imputados y rechazó la solicitud de un grupo de víctimas que pretendía que el caso fuera conocido como homicidio voluntario. En su decisión, concluyó que la tipificación jurídica correspondiente es la de homicidio imprudente.
Asimismo, el tribunal dispuso la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras entidades estatales que habían sido señaladas como civilmente responsables. El magistrado explicó que la jurisdicción penal no tiene competencia para conocer reclamaciones patrimoniales contra el Estado, ya que estas deben ser tramitadas de manera independiente ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), conforme a la Ley 107-13.
En cuanto a la situación de los imputados, el juez ratificó las medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva. Argumentó que la libertad constituye la regla general en el sistema constitucional dominicano y que los acusados han mostrado arraigo, asistencia voluntaria al proceso y disposición de comparecer ante la justicia.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal validó e impuso medidas de coerción reales sobre bienes de los imputados, incluyendo inmovilización de activos y medidas conservatorias en favor de las víctimas constituidas en actores civiles.
Respecto a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez declaró admisibles las evidencias documentales, materiales y testimoniales, tras determinar que fueron obtenidas conforme a la ley y cumplen con los criterios de utilidad, pertinencia y relevancia establecidos en el Código Procesal Penal.
Con esta decisión, el caso entra en una nueva etapa judicial, en la que un tribunal de fondo deberá determinar las responsabilidades penales derivadas de una de las tragedias más impactantes registradas en la historia reciente de República Dominicana.
