Hace algún tiempo vengo observando desde las gradas un fenómeno que muchos celebran hoy, pero que mañana podría terminar afectando incluso a quienes ahora lo aplauden.

En República Dominicana, especialmente en el mundo del entretenimiento y las redes sociales, se ha vuelto cada vez más frecuente que figuras con cientos de miles o millones de seguidores movilicen a sus comunidades digitales contra personas con las que mantienen diferencias. El resultado, en muchos casos, es el mismo: cuentas reportadas masivamente, perfiles suspendidos y voces silenciadas.

La pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto esto es aceptable en una sociedad que garantiza la libertad de expresión?

No se trata de defender insultos, difamaciones o campañas de odio. Para eso existen mecanismos legales. Pero cuando una opinión, una crítica o una posición contraria termina provocando que una persona pierda su espacio digital debido a la presión de una multitud organizada, entramos en un terreno peligroso.

Uno de los casos más mediáticos fue el conflicto entre la humorista Cheddy García y el empresario de la comunicación Santiago Matías. Durante una transmisión de “Planeta Alofoke”, el comunicador mostró cómo se reporta una cuenta en Instagram mientras se discutía la situación de la actriz. Aunque públicamente pedía a sus seguidores que no la reportaran, muchos interpretaron el mensaje de otra manera. El resultado fue la suspensión de la cuenta de García, quien posteriormente denunció dificultades para recuperarla y decidió llevar el caso a los tribunales.

Más allá de quién tenga la razón, el caso abre una discusión importante: ¿qué sucede cuando la influencia digital puede provocar consecuencias reales sobre la presencia de una persona en las redes sociales?

Otro episodio similar involucró a la abogada y comunicadora Susana Gautreau de Windt y a la panelista Yulay Piña. Tras un enfrentamiento público relacionado con posiciones opuestas sobre la explotación minera en San Juan, Gautreau denunció que sus redes sociales fueron reportadas masivamente por seguidores movilizados en su contra. Semanas después logró recuperar sus plataformas, pero el debate ya estaba servido.

Estos casos tienen algo en común: la percepción de que una multitud digital puede convertirse en un mecanismo de castigo para quien piense diferente.

Y ahí es donde debemos detenernos a reflexionar.

Hoy las víctimas pueden ser figuras públicas con recursos para defenderse. Mañana podría ser cualquier ciudadano. Un profesional, un estudiante, un emprendedor o simplemente alguien que expresó una opinión impopular.

Las redes sociales nacieron como espacios para compartir ideas, debatir, entretener, informar y conectar personas. Sin embargo, cuando se utilizan para organizar linchamientos digitales, la conversación deja de ser un intercambio de argumentos para convertirse en una demostración de fuerza.

El problema no es tener seguidores. El problema es utilizarlos como herramienta de intimidación.

Nadie debería sentir miedo de expresar una opinión por temor a perder sus redes sociales. Nadie debería autocensurarse porque sabe que detrás de una pantalla existe una comunidad preparada para reportar masivamente cualquier comentario que contradiga a sus líderes favoritos.

La libertad de expresión no existe únicamente para quienes piensan igual que nosotros. Su verdadera prueba aparece cuando debemos tolerar las opiniones que no compartimos.

Mientras esa reflexión llega, quizás nos toque seguir caminando con cautela por el mundo digital. Porque hoy basta con contrariar a uno de los nuevos dioses del algoritmo para descubrir que, en las redes sociales, la condena puede llegar mucho antes que el debate.